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El pasado mes de Febrero se cumplieron tres años de la promulgación de la Ley 20.422 que plantea la igualdad de oportunidades y la inclusión social de personas con discapacidad.  Debido a mi rol como docente en una universidad  he tenido que empaparme de esta nueva normativa que viene a suprimir la Ley de integración de personas con discapacidad (19.284) y que se enmarca dentro de los lineamientos de la ONU para cambiar la visión de la discapacidad desde el paradigma médico a  uno centrado en los derechos  humanos.

Uno de los principales cambios que plantea esta nueva ley es la institucionalidad del SENADIS (ex FONADIS) a quien delega la responsabilidad de “Velar por la igualdad de oportunidades, la inclusión social, el respeto de los derechos, la participación en el diálogo social y la accesibilidad de las personas con discapacidad y su entorno, a través de la asesoría, coordinación intersectorial y ejecución de políticas públicas.”  En este punto quiero detenerme, ya que en estos 3 años la  Institución NO ha sido capaz de ejecutar políticas públicas que pretendan velar por la igualdad de oportunidades y la “inclusión” social de personas con discapacidad (PcD) y ha delegado esta función (y otras) sólo a la ejecución de programas aislados  mediante fondos concursables que benefician a la individualidad de la PcD y no a la población que convive día a día con una discapacidad.

Dentro de las directrices que plantea la Ley para la inclusión de PcD  existen acciones a concretarse dentro de un plazo máximo (art. primero)  desde la promulgación de la Ley en el Diario Oficial (10/02/2010), por ejemplo en un plazo de 3 años  se debían dotar las bibliotecas de acceso público con material audiovisual y braille para PcD sensorial (art. 27) o la modificación del transporte público nacional (no sólo transantiago) para el acceso y la autonomía de las PcD.  Estos son sólo un par de   ejemplos en relación a los ítems  “Accesibilidad a la cultura, información, comunicaciones”  y “acceso al trasporte público “de la Ley  la DEUDA que existe con el cumplimiento de la normativa. No he querido ahondar en la terminología “inclusión” o en el ámbito de educación o inserción laboral, ya que podría escribir una columna para cada ítem (prometo hacerlo).  

He querido  hacer un análisis poco profundo de la nueva normativa legal con el fin de  dejar en evidencia los vacíos en  su puesta en marcha y la poca fiscalización y desconocimiento de la Ley que tenemos como ciudadanos.

En relación a lo anterior sólo me queda plantear un par de preguntas. ¿Es válida la Normativa?  ¿Cuánto tiempo más quedara en el limbo la ejecución de acciones que ella propone? ¿Es Chile un país en el que se promueva la “inclusión social” o es sólo retorica legal?

Pablo Alexis Gatica Yáñez

Educador diferencial UC del Maule, especialista en Discapacidad Intelectual

Diplomado Educación Inclusiva, Pontificia Universidad Católica de Chile.

 

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